Se trata de Jesica Lucia Fernández de 35 años y su pareja, Walter Nicolás González de 44 años, fueron imputados por defraudaciones reiteradas y quedaron en prisión preventiva sin plazo determinado.
Quedaron en prisión preventiva Jesica Lucia Fernández de 35 años y Walter Nicolás González de 44 años, a los que se les endilgó haber cometido el delito de defraudaciones en Reconquista. Son investigados por anular transferencias programadas con las que simularon hacer pagos instantáneos en comercios de diferentes rubros.
La cautelar fue dispuesta por el juez de la Investigación Penal Preparatoria (IPP), Mauricio Martelossi, en una audiencia desarrollada en los tribunales reconquistenses.
Por su parte, la fiscal que lleva a cabo la investigación y solicitó las privaciones de la libertad es Georgina Díaz. En tal sentido, valoró que “aunque la Defensa se opuso al requerimiento, el magistrado ordenó la preventiva sin plazo para los dos imputados”.
Riesgos procesales
“El juez consideró que las evidencias que presentamos son suficientes para acreditar la atribución delictiva, con el grado de certeza que demanda esta etapa del proceso penal”, sostuvo la fiscal. “Además, contempló que la pena en expectativa es de cumplimiento efectivo y tuvo en cuenta que tanto la mujer como el hombre investigados cuentan con antecedentes penales condenatorios que tramitaron en la Justicia Federal”, agregó.
Asimismo, la funcionaria del MPA remarcó que “el magistrado avaló nuestro planteo en relación a que tanto el riesgo de fuga como el de entorpecimiento probatorio estaban latentes”, y mencionó que “a sabiendas de que tenían pedidos de detención vigentes, los imputados se mantuvieron prófugos durante una semana”.
En cuanto a la modalidad de cumplimiento de la medida cautelar, Díaz detalló que “el abogado defensor de la mujer propuso que quedara en prisión domiciliaria en función de que tiene a su cargo un hijo pequeño”. No obstante, aclaró que “el juez expresó que no se podía resolver esa cuestión en la audiencia porque la Defensa no aportó información precisa sobre la edad del niño”.
Dos cuentas bancarias
La fiscal indicó que “entre abril y diciembre del año pasado, la mujer y el hombre investigados -cuyas iniciales son JLF y WNG, respectivamente-, perjudicaron económicamente a numerosos comerciantes por un total de 448.878 pesos”.
Especificó que “investigamos nueve ilícitos con la misma modalidad delictiva, de los cuáles, seis fueron cometidos sólo por la imputada; uno, por su pareja; y los otros dos, por ambos”. Al respecto, detalló que “en todos los casos, utilizaron dos cuentas bancarias a nombre de la mujer, a quien varias de las víctimas conocían previamente”.
En tanto, relató que “las defraudaciones consistieron en adquirir productos en negocios y, al momento del pago, mostrar como contraprestación supuestos comprobantes de transferencias inmediatas”, y subrayó que “en verdad, las operaciones eran programadas ante los vendedores y luego canceladas por los imputados”.
Díaz expuso que “mediante su conducta ilegal, la pareja se apoderó ilegítimamente de alimentos, bebidas y otros bienes ofrecidos en minimercados; indumentaria y calzado; y teléfonos celulares”. Según destacó, “en la mayoría de los casos, las víctimas no recuperaron las mercaderías. Sólo dos comerciantes lograron que los imputados les devolvieran prendas de vestir que se llevaron sin concretar los pagos y ya habían estrenado”.
Los locales en los que tuvieron lugar los hechos delictivos están localizados en Ludueña al 300; Obligado al 700; Iriondo y Belgrano; Olessio al 2.400; Iturraspe y Lucas Funes; e Hipólito Yrigoyen al 7.400. A su vez, se investigan casos en los que la mercadería fue enviada por delivery a un inmueble ubicado en Rivadavia y Constituyentes.
Detención
La funcionaria del MPA señaló que “tras las denuncias radicadas por las víctimas, recabamos elementos de prueba mediante entrevistas a testigos y análisis de registros fílmicos y fotográficos, entre otras diligencias”.
Por su parte, la fiscal que lleva a cabo la investigación y solicitó las privaciones de la libertad es Georgina Díaz. En tal sentido, valoró que “aunque la Defensa se opuso al requerimiento, el magistrado ordenó la preventiva sin plazo para los dos imputados”.
Riesgos procesales
“El juez consideró que las evidencias que presentamos son suficientes para acreditar la atribución delictiva, con el grado de certeza que demanda esta etapa del proceso penal”, sostuvo la fiscal. “Además, contempló que la pena en expectativa es de cumplimiento efectivo y tuvo en cuenta que tanto la mujer como el hombre investigados cuentan con antecedentes penales condenatorios que tramitaron en la Justicia Federal”, agregó.
Asimismo, la funcionaria del MPA remarcó que “el magistrado avaló nuestro planteo en relación a que tanto el riesgo de fuga como el de entorpecimiento probatorio estaban latentes”, y mencionó que “a sabiendas de que tenían pedidos de detención vigentes, los imputados se mantuvieron prófugos durante una semana”.
En cuanto a la modalidad de cumplimiento de la medida cautelar, Díaz detalló que “el abogado defensor de la mujer propuso que quedara en prisión domiciliaria en función de que tiene a su cargo un hijo pequeño”. No obstante, aclaró que “el juez expresó que no se podía resolver esa cuestión en la audiencia porque la Defensa no aportó información precisa sobre la edad del niño”.
Dos cuentas bancarias
La fiscal indicó que “entre abril y diciembre del año pasado, la mujer y el hombre investigados -cuyas iniciales son JLF y WNG, respectivamente-, perjudicaron económicamente a numerosos comerciantes por un total de 448.878 pesos”.
Especificó que “investigamos nueve ilícitos con la misma modalidad delictiva, de los cuáles, seis fueron cometidos sólo por la imputada; uno, por su pareja; y los otros dos, por ambos”. Al respecto, detalló que “en todos los casos, utilizaron dos cuentas bancarias a nombre de la mujer, a quien varias de las víctimas conocían previamente”.
En tanto, relató que “las defraudaciones consistieron en adquirir productos en negocios y, al momento del pago, mostrar como contraprestación supuestos comprobantes de transferencias inmediatas”, y subrayó que “en verdad, las operaciones eran programadas ante los vendedores y luego canceladas por los imputados”.
Díaz expuso que “mediante su conducta ilegal, la pareja se apoderó ilegítimamente de alimentos, bebidas y otros bienes ofrecidos en minimercados; indumentaria y calzado; y teléfonos celulares”. Según destacó, “en la mayoría de los casos, las víctimas no recuperaron las mercaderías. Sólo dos comerciantes lograron que los imputados les devolvieran prendas de vestir que se llevaron sin concretar los pagos y ya habían estrenado”.
Los locales en los que tuvieron lugar los hechos delictivos están localizados en Ludueña al 300; Obligado al 700; Iriondo y Belgrano; Olessio al 2.400; Iturraspe y Lucas Funes; e Hipólito Yrigoyen al 7.400. A su vez, se investigan casos en los que la mercadería fue enviada por delivery a un inmueble ubicado en Rivadavia y Constituyentes.
Detención
La funcionaria del MPA señaló que “tras las denuncias radicadas por las víctimas, recabamos elementos de prueba mediante entrevistas a testigos y análisis de registros fílmicos y fotográficos, entre otras diligencias”.
Por otro lado, manifestó que “tanto la mujer como el hombre investigados fueron detenidos la semana pasada en el marco de un allanamiento realizado por la Policía de Investigaciones (PDI), en una vivienda ubicada en calle 67 al 500 de Reconquista”.
Oficina de Prensa y Difusión MPA
Oficina de Prensa y Difusión MPA
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