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Casi desde el inicio de su gestión, el gobierno de Santa Fe ha venido lanzando progresiva pero sostenidamente una reforma educativa profunda, impuesta sin discusión ni consenso y que en los hechos significa un ataque extraordinario a la educación pública.

“Promoción acompañada”, “avance continuo”, “secundaria renovada”, son todos eufemismos para ocultar dicho ataque, materializado a través de circulares ministeriales que llegan de improviso, modificando procesos educativos, contenidos curriculares y hasta el régimen laboral docente.

El último zarpazo es la “Trayectoria Única”, nombre aparentemente inofensivo con el que se busca consolidar la pobreza pedagógica como política de Estado. No se trata de repitencia sí o repitencia no, sino del futuro de generaciones enteras que transitarán las escuelas sin posibilidad de adquirir conocimientos socialmente significativos. Se trata de utilizar el derecho a la educación de niñxs y adolescentes como excusa para promover políticas que atacan derechos conquistados por las luchas colectivas tanto de quienes enseñan como de quienes aprenden.

Esta reforma educativa de facto imposibilitará la adquisición de saberes complejos para amplias capas de la población, porque tiene como objetivo esconder la tragedia del deterioro del tejido social, producto de las políticas de ajuste y hambre de estos últimos años. En lugar de un Estado que busque mejorar las condiciones materiales de las familias -asegurar el derecho a la alimentación, techo, abrigo-, para así lograr la asistencia regular a los establecimientos escolares y propiciar condiciones para aprender, este gobierno elige esconder esas ausencias y promover a niñxs y adolescentes a los años escolares subsiguientes, aunque no aprendan lo mínimo indispensable. Lo peor es que lo hacen en nombre de una supuesta “igualdad de oportunidades pedagógicas”, lo cual es una estafa al derecho de aprender. Pasar de grado o año no es aprender.

Esta patronal -que destina presupuestos cada vez más pobres a la educación, que improvisa todo el tiempo, alejada de la realidad de las escuelas- intenta responsabilizar a la docencia -que sostiene la escuela pública con su cuerpo, su psiquis y hasta su bolsillo-, de la crisis educativa a la que nos trajeron sus políticas. Nos toma como responsables del deterioro educativo: los docentes “no entienden”, “se oponen al cambio”, “son autoritarios”, “expulsivos”, “elitistas”, nos dicen a quienes venimos sosteniendo la escuela que ellxs atacan.

Y el ataque no es casual: pretenden, de esta manera, cercenar la autoridad pedagógica inherente a la tarea docente. Una autoridad que tiene un sentido social, el de generar pensamiento crítico y saberes complejos para lograr una sociedad más justa en el presente y en el futuro. Vaciar las escuelas de contenido es la manera que han elegido para impedir el desarrollo pleno de la tarea docente. Como si transmitir saberes y conocimientos socialmente significativos fuera un defecto, el gobierno de Santa Fe nos está robado el derecho a enseñar, mientras nos recarga de trabajo. “Responsabilidad”, ese concepto ampliamente desarrollado por los teóricos del Ministerio, debe interpretarse aquí como intensificación laboral y degradación de las tareas docentes, porque la responsabilidad mágicamente pasa a ser nuestra. Es el Estado el que tiene la principal responsabilidad en las políticas educativas. Sin embargo, cada vez que viene una reforma educativa en este país, en los últimos años, es para que lxs docentes trabajemos cada vez más con peores condiciones y menos presupuesto.

Mientras que de la patronal se entiende que quiera imponer una política para la cual no cuenta con consenso, en el caso de la representación sindical docente su papel está lejos encabezar la resistencia a los atropellos. Más bien todo lo contrario: en los “Aportes Gremiales sobre el documento Trayectorias Escolares Únicas, Continuas y Completas”, la conducción provincial de AMSAFE admite “acordar con los conceptos generales del documento”, haciendo algunas pocas críticas metodológicas a la implementación de la reforma. Y es que todo esto sería imposible de realizar sin la complicidad manifiesta de la conducción provincial del sindicato: la ausencia de discusión de las reformas educativas en las paritarias no es un error, sino una política gremial. Empeñados en mantener su mezquina cuota de poder, han dejado que la educación se degrade al compás de la situación social: para no “hacerle el juego a la derecha” han permitido el vaciamiento de la educación de adultos, el ataque a las modalidades de inicial y especial y la implementación de la quinta hora en primaria. La responsabilidad de dirigentes como Alonso, Testoni y Alesso es de una enorme gravedad, porque van en contra del mandato fundacional que la AMSAFE y la CTERA dicen defender.

Sobre la reforma en secundaria

El documento ministerial tiene algunos “olvidos” importantes: las escuelas técnicas con uno de ellos. Según la reforma, el ciclo escolar se dividirá en dos etapas, cuando en las escuelas técnicas los alumnos rotan, por lo general, al menos en tres talleres por año. ¿cómo se interpreta este “olvido”? ¿este gobierno no considera importantes sostener las escuelas técnicas en funcionamiento?

Y con respecto a la evaluación, plantean el nuevo requisito de realizar un informe de Avance Pedagógico evaluativo individual que deberá ser cualitativo y deberá ser destinado a lxs estudiantes y a lxs adultos responsables. Pero no explicita qué beneficios traería este tipo de informe ni se plantea la viabilidad de que docentes que atienden a cientos de estudiantes, con 44 horas semanales, en distintos turnos y varias escuelas y localidades puedan escribir un informe cualitativo para cada alumnx. Y si se trata de un informe colegiado ¿en qué tiempos se haría? El mismo vacío aparece en relación con todo lo que implica evaluación y colegialidad: ¿en qué tiempos? ¿en qué espacios? ¿con qué recursos?

Tampoco el texto esboza una respuesta a la pregunta de cómo lxs alumnxs podrán aprender lo que no aprendieron en el año anterior, ni cómo adquirirán los nuevos contenidos sin contar con los del año anterior. Aparentemente se pretende que se aprenda de manera simultánea, mediante el trabajo con Docentes acompañantes de Trayectorias. Además de ser cuestionable su posibilidad desde el punto de vista de las teorías de aprendizaje y de enseñanza nos preguntamos en qué espacios y tiempos se podría llevar a cabo el trabajo con los Docentes acompañantes, cuando hay escuelas a las que les faltan aulas, que no tienen ni sala de profesorxs, bibliotecas o laboratorios, o escuelas técnicas donde la carga horaria es mayor… O cómo se logrará que estudiantes asistan a contraturno cuando a estos mismos alumnxs les resultó complicado sostener la cursada de un solo año.

La respuesta a todas estas preguntas es contestada con un solo concepto, vaciado de contenido: “intensificación pedagógica”, otro eufemismo asociado con los anteriores.

Entendemos que estas reformas obstaculizan el trabajo de la docencia y generan un grado muy alto de malestar, avasallando nuestro derecho a ser sujetos de nuestras prácticas de enseñanza.

Urge que unifiquemos nuestras voces para enfrentarla. Este ataque no distingue orientaciones o banderas de ningún tipo, es una afrenta para todxs lxs que sostenemos la escuela pública. Hay que hacerles frente porque como hemos aprendido a lo largo de años de luchas colectivas, de saberes que nuestras maestras y maestros nos han transmitido, la educación pública no se vende, se defiende.