Desde el comienzo de la pandemia -con respeto de las exigencias sanitarias, cuidado de personas, de protocolos, etc- venimos pugnando para lograr una creciente apertura de las tramitaciones que permitan retomar las actividades destinadas a favorecer el acceso efectivo y oportuno a la justicia.
En este contexto propiciamos una mesa de trabajo, sugerimos reuniones de todos los operadores del sistema, propusimos medidas concretas de flexibilización gradual de la actividad que evitara el desborde futuro del servicio.
Nunca tuvimos respuesta. Con asombro verificamos que la Corte Suprema de Justicia, parecería que, en respuesta a algunas de nuestras inquietudes, ha conformado una Comisión de trabajo… de la que fuimos excluidos expresamente.
Intentamos con desesperación evidenciar que existen necesidades que deben y merecen ser atendidas sin dilaciones.
Y por ahí pasa la bisectriz que separa a quienes padecen esas necesidades, que reclaman la atención y solución de sus inaplazables problemas, que no pueden aguardar –en aras al cumplimiento de futuros logros sanitarios- hasta que las condiciones se transformen prácticamente en ideales.
Es indudable que este enfoque parece no ser comprendido por quienes la cuarentena los afecta de una manera notoriamente menor respecto al resto de la población. Seguramente comparten los miedos sanitarios, pero no los conmueve ni les inquieta el aspecto económico.
La comodidad de un salario, a veces abultado, garantizado de forma periódica pareciera que produce una especie de ceguera. La apremiante necesidad de reanudación del servicio de justicia no es una urgencia sólo de la abogacía. ES de la CIUDADANÍA.
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