Al respecto, la legisladora radical manifestó que “la liberación de reclusos fuera de los casos contemplados en el Código Procesal Penal no resulta en una solución eficiente”, además añadió que “la situación de emergencia por COVID-19 no debe ser una excusa para incumplir con los procesos constitucionales, por el contrario, se debe trabajar arduamente para mejorar el sistema penitenciario y asegurar la correcta higiene y distanciamiento social entre la población carcelaria”. A tal fin, la diputada, recientemente adhirió a una solicitud de informe sobre las condiciones de detención en las cárceles de la provincia.
Cabe aclarar que, la seguridad es un derecho con jerarquía constitucional que el Estado debe ratificar con cada uno de sus actos y esto requiere que no se superpongan los derechos de los presos por sobre los de las víctimas de delitos, quienes además tienen derecho a ser informadas sobre cualquier modificación de la condena o del estado de detención del victimario, según lo establece la Ley de Protección a la Victima de Delito.
Finalmente, la diputada recordó que “el fin de una condena es la resocialización y eso solo se consigue con el cumplimiento efectivo de la pena en prisión, bajo las adecuadas condiciones de reclusión. Como legisladora me esfuerzo día a día para colaborar con jueces y fiscales brindando las herramientas necesarias para garantizar la independencia de poderes y evitar la impunidad”, por cuanto rechaza el otorgamiento de estos “beneficios” en jurisdicción provincial.
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