El Tribunal Oral Federal de Santa Fe condenó en la tarde del lunes a ocho integrantes de una amplia red de distribuidores mayoristas de drogas con asiento en la ciudad de Goya (Corrientes) que abastecía a vendedores de Reconquista, en el norte provincial. Se trata de la causa «Ciudades Hermanas», cuya investigación desbarató una compleja trama narco que implicaba el cruce de al menos 200 kilos semanales de marihuana por el río Paraná hacia territorio santafesino para luego ser insertados en puntos de venta de estupefacientes.
El caso será recordado además por los chispazos que generó el arribo del personal de la entonces Dirección General de Prevención y Control de Adicciones, cuyo jefe, José María Moyano, terminó detenido por unas horas en una comisaría de Goya por orden del gobernador de Corrientes, Ricardo Colombi, quien apareció sorpresivamente en los allanamientos y obstruyó parte del operativo que había sido dispuesto por el juez federal de Reconquista, Aldo Alurralde, quien instruyó la causa.
La flamante sentencia fue impuesta por el juez camarista, Luciano Lauría, luego de un juicio abreviado resuelto entre el fiscal general, Martín Suárez Faisal y los abogados particulares de ocho de los diez imputados en su momento: Ignacio Alfonso Garrone, Daniel Baralle y Héctor Mierez.
Los investigadores lograron detectar cómo operaba la organización que a través del río Paraná cruzaba desde Goya hasta el Puerto de Reconquista abultadas sumas de estupefacientes
El acuerdo estableció así una pena de cinco años de prisión para Javier «Cabeza» López, el cerebro de la organización y cuyo negocio particular estaba vinculado al turf, quien asumió la responsabilidad de los hechos y se declaró autor penalmente responsable del delito de «tenencia de estupefacientes con fines de comercialización». La sentencia también alcanzó además, con una pena de cuatro años de prisión, a Carlos «Gordo» Ramírez, mano derecha de López, condenado por la misma calificación jurídica.
Del entorno de López, la sentencia también condenó a la pareja del empresario del turf. Se trata de Valeria Rolón, quien recibió una pena de dos años de prisión y seis meses, al igual que Fabián Antonio «Cotorra» Quiróz. Ambos por «tenencia de estupefacientes con fines de comercialización».
El mismo monto de pena fue resuelto para otros dos integrantes de la banda. Se trata de Cristian «Colo» Thompson y Elvio Ramón Silva. Los dos culpables por «tenencia simple de estupefacientes».
Por su parte, el transportista de la organización, Denis Damián Gómez, alias «El Rosarino», acordó cuatro años y seis meses de prisión por «transporte de estupefacientes. En esa línea, también fue sentenciado a dos años, por el mismo delito pero como partícipe secundario, Yoel Maximiliano Altamirano.
Por agua
A través de escuchas directas solicitadas en su momento por la fiscal subrogante Viviana Bruno Campagna, los investigadores lograron detectar cómo operaba la organización que a través del río Paraná cruzaba desde Goya hasta el Puerto de Reconquista abultadas sumas de estupefacientes.
El 20 de diciembre del 2016, agentes de la Brigada Operativa Departamental, que hacían trabajos de inteligencia en la zona del puerto, subieron a una lancha y en la zona de islas del Paraná lograron interceptar otra lancha en la que iba «El Rosarino» Gómez, junto con Altamirano y otros adolescentes. Los cuatro iban con un cargamento de 34,55 kilogramos distribuidos en una caja con dieciséis ladrillos prensados y un paquete de formato cuadrado que resguardaba veintisiete envoltorios de la misma sustancia.
Aquel procedimiento fue el puntapié para que el juez Alurralde ordene allanar una serie de propiedades ubicadas en la ciudad de Goya y así concretar la detención de López y el resto de sus subordinados.
Interrumpido
En horas de la mañana, los integrantes de la Dirección General de Prevención y Control de Adicciones llegaron a Goya y desplegaron los allanamientos sin imaginar que uno de los principales, el de la propiedad de López, iba a concluir en escándalo mayúsculo.
El gobernador Ricardo Colombi, que se encontraba en Corrientes capital, viajó 160 kilómetros con sus asesores y se adentró en la ciudad de Goya para interrumpir el procedimiento de la policía santafesina. Con el argumento de que habían realizado una intromisión inaceptable en su jurisdicción.
En ese contexto, el exjefe policial, José Moyano, quedó detenido por agentes policiales de Corrientes tras la orden del gobernador que en una actuación inédita, y por demás de reprochable, obstruyó el procedimiento ordenado por la Justicia federal de Reconquista y causó un gran revuelo entre la provincia de Santa Fe con la de Corrientes. Horas después, el funcionario antidrogas, actualmente retirado de la fuerza, quedó en libertad.
Fuente – Diario UNO Santa Fe
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