El municipio, que ahora cobra el material y la mano de obra, va a aumentar la cuota todos los meses con el mismo incremento que sufra el hormigón. El problema es que la cuota se compone aproximadamente en un 60% de material y un 40% de mano de obra.
Que se aumente lo correspondiente al hormigón, puede llegar a tener cierto sentido, pero, ¿la mano de obra corresponde que se aumente del mismo modo? Estoy convencido de que no.
Está claro que el costo se debe considerar sobre la base de una mano de obra municipal ya que las que se implementan por medio de contratos privados, aparecen otros intereses que no son los reales de la ciudad. El Estado debe saber que al delegar a terceros este tipo de obras, implica un sobrecosto que debe asumirlo y no simplemente trasladarlo al vecino.
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Ahora bien, ¿sabe verdaderamente el municipio cuál es el costo de la mano de obra en la pavimentación? No, seguro que no, y hasta les diría que tiene muchas dificultades para saberlo. Hoy no sabe cuánto personal debe estar afectado a la obra, tampoco sabe cuál debería ser el avance de obra que refleje un rendimiento óptimo y mucho menos sabe cuál es la incidencia de esta obra en un sueldo que se cobra mensualmente, por el que además se realizan otras tareas el resto del mes.
Es que en realidad, esto se debe analizar desde una perspectiva política, en la cual debemos destacar el verdadero rol del Estado, respecto a su obligación de proveer los servicios necesarios. Hoy ya nadie duda de que el pavimento, entre otros, es un servicio necesario y útil.
Porque las obras públicas, como la pavimentación, no son un favor para los frentistas (concepto que estamos muy acostumbrados a escuchar, sobre todo de los funcionarios), sino una necesidad de la ciudad, quedando en un segundo plano a la hora de cuantificar el beneficio patrimonial de un frentista, que es imposible, a priori, arribar a un valor justo, objetivo y equitativo.
Si no entendemos esto, creo que estamos errando el camino. Existen sobradas razones y análisis que se pueden hacer (que no sean los meramente recaudatorios), que me convencen de que no corresponde aumentar la mano de obra en la pavimentación. Y dejo un interrogante: ¿debería cobrarse?
Por ello, disiento absolutamente con los concejales que, algunos en cumplimiento de la obediencia debida y otros simplemente por el desinterés puesto de manifiesto a la hora de analizar detalladamente un tema tan delicado, una vez más, terminaron votando a espaldas de la comunidad, habilitando a un municipio que, mediante cálculos simplistas a los que nos tiene acostumbrados, termine siempre redondeando para arriba, porque a la hora de recaudar, todo es válido cuando son otros los que tienen que pagar.
Ahora bien, ¿sabe verdaderamente el municipio cuál es el costo de la mano de obra en la pavimentación? No, seguro que no, y hasta les diría que tiene muchas dificultades para saberlo. Hoy no sabe cuánto personal debe estar afectado a la obra, tampoco sabe cuál debería ser el avance de obra que refleje un rendimiento óptimo y mucho menos sabe cuál es la incidencia de esta obra en un sueldo que se cobra mensualmente, por el que además se realizan otras tareas el resto del mes.
Es que en realidad, esto se debe analizar desde una perspectiva política, en la cual debemos destacar el verdadero rol del Estado, respecto a su obligación de proveer los servicios necesarios. Hoy ya nadie duda de que el pavimento, entre otros, es un servicio necesario y útil.
Porque las obras públicas, como la pavimentación, no son un favor para los frentistas (concepto que estamos muy acostumbrados a escuchar, sobre todo de los funcionarios), sino una necesidad de la ciudad, quedando en un segundo plano a la hora de cuantificar el beneficio patrimonial de un frentista, que es imposible, a priori, arribar a un valor justo, objetivo y equitativo.
Si no entendemos esto, creo que estamos errando el camino. Existen sobradas razones y análisis que se pueden hacer (que no sean los meramente recaudatorios), que me convencen de que no corresponde aumentar la mano de obra en la pavimentación. Y dejo un interrogante: ¿debería cobrarse?
Por ello, disiento absolutamente con los concejales que, algunos en cumplimiento de la obediencia debida y otros simplemente por el desinterés puesto de manifiesto a la hora de analizar detalladamente un tema tan delicado, una vez más, terminaron votando a espaldas de la comunidad, habilitando a un municipio que, mediante cálculos simplistas a los que nos tiene acostumbrados, termine siempre redondeando para arriba, porque a la hora de recaudar, todo es válido cuando son otros los que tienen que pagar.
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