El INSGENAR presentó a fines del mes de abril los detalles de sus gestiones en el norte frente al Concejo Deliberante municipal invitadas por la concejal Soledad Zalazar quien contribuye con la institución pro derechos humanos en defensa de mujeres y niñas víctimas de violencia.
Se adjunta el manifiesto de ambas instituciones luego de la condena por violación y prostitución de menores por decisión del Juez Musse Chemes sumado a la fotografía de la Dra. Susana Chiarotti acompañada de la Lic. Viviana Della Siega en su visita a Reconquista.
Fueron condenados por violación y prostitución de menores
El INSGENAR, Instituto de Género, Derecho y Desarrollo de la ciudad de Rosario y CLADEM (Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres) manifestaron su beneplácito ante la decisión del juez Musse Chemes, a cargo del Juzgado en lo Penal de Sentencia de Vera, de condenar a cinco hombres y una mujer por abuso sexual de una nena de tan sólo 10 años de edad, que fue representada por el Dr. Ricardo Lamas, subdirector del Centro de Atención Jurídica del Ministerio de Justicia de la provincia de Santa
Las condenas son de 8 a 10 años y, aunque en estos momentos los criminales se encuentran en libertad, se espera que, confirmada la sentencia, cumplan en la cárcel la pena por el terrible delito cometido.
INSGENAR y CLADEM presentaron el pasado 29 de abril un amicus curiae, preocupados porque desde hace varios años, pero especialmente durante 2011 y 2012, el norte de la Provincia de Santa Fe se vio sacudido por noticias de casos de abuso sexual, corrupción y facilitación de la prostitución a niñas de la zona, en general de origen humilde, protagonizados por adultos y adultas provenientes de diversos sectores, incluyendo empleados-as de la justicia local .
En la oportunidad, se entrevistaron con el juez a cargo de la causa y concretaron conferencias de prensa en las ciudades de Vera y Reconquista, con amplia convocatoria de medios, que confirmaron la realidad de la zona en cuanto a que localidades como Vera, Fortín Olmos, Gallareta, San Javier, Reconquista y otras, fueron escenario de hechos dolorosos que en pocas oportunidades resultaron con sanciones ejemplares y, en general, permanecen impunes. En algunas ocasiones, imputados que fueron dejados en libertad en un caso, aparecieron cometiendo delitos similares en otros.
Como expresan en su escrito, para Insgenar y Cladem “esta situación de impunidad envía un mensaje a la sociedad, que principalmente contiene tres elementos: a) no vale la pena denunciar, porque luego no hay resultados positivos; b) el sistema de justicia no es creíble ni transparente; c) esos delitos no son graves”.
En su presentación, las organizaciones fundamentan su posición en la abundante legislación existente en nuestro país, tanto en la normativa local como en la emanada de los instrumentos internacionales de derechos humanos que integran nuestro plexo constitucional. Señalan, por ejemplo, lo establecido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en cuanto a “que la violación sexual es un tipo particular de agresión que, en general, se caracteriza por producirse en ausencia de otras personas más allá de la víctima y el agresor o los agresores. Dada la naturaleza de esta forma de violencia, no se puede esperar la existencia de pruebas gráficas o documentales y, por ello, la declaración de la víctima constituye una prueba fundamental sobre el hecho”
En la observación de múltiples casos que han quedado impunes, Insgenar y Cladem manifiestan que “las consecuencias de la naturalización de estos delitos son graves, tanto por el descreimiento en la justicia que provoca en la opinión pública, como por la minimización de los daños que sufren las niñas y adolescentes que fueron víctimas de los mismos. Esta “reducción simbólica” de los daños se acentúa cuando las víctimas son muy pobres. Hechos que se verían como graves si ocurren con niñas de clase media o alta, aparecen como normales cuando involucra a niñas de barrios muy pobres y más aún si provienen de villas miseria. Pero además, la naturalización de estas situaciones impacta al imaginario social y termina influenciando a la comunidad en su conjunto”.
Tanto María Gabriela Filoni de Cladem como Susana Chiarotti y Viviana Della Siega de Insgenar, interpretaron que su aporte ha sido considerado por el juez en la medida que en la propia sentencia, el magistrado hace referencia, señalando que ”si bien en algunos aspectos no he coincidido plenamente, en otros han contribuido al dictado del presente fallo”.
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