Espíndola y sus pares fundamentan estos requerimientos ante “el inminente reclamo de cientos de prestadores de IAPOS, que ven vulnerados sus derechos con respecto a sus honorarios por las prestaciones efectivamente prestadas durante el período de aislamiento social, preventivo y obligatorio”. “Existen prestaciones –añaden- que se vieron fuertemente afectadas por la Disposición General 09/2020 que dispone un recorte en las mismas, al reconocer solamente una sesión por mes, y pagar a los profesionales solo el 60% del valor de los servicios prestados, sobre las sesiones efectivamente autorizadas.
Esta disposición se encuentra en contradicción con las resoluciones dictadas por la Superintendencia de Servicio de Salud, que determinan la continuidad de las prestaciones y el pago de los honorarios a los Prestadores profesionales de personas con discapacidad, que forman parte en la recuperación y la calidad de vida de estas personas. En virtud de ello, concluyen que “los prestadores no pueden seguir sobrellevando este tipo de recortes en sus honorarios, afectando así la labor que prestan a los afiliados y aceptando la precarización de sus servicios”.
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